Soberanía nacional y democracia

Al Tribunal Constitucional

La táctica de prometer, no cumplir lo prometido y encima negar sistemáticamente la existencia de toda promesa ha hecho de Zapatero un hombre con fama de embustero. Y si tal comportamiento es insostenible tanto desde el punto de vista ético como legal, máxime habida cuenta que en la mayoría de casos existen pruebas documentales escritas y/o grabadas con datos y pormenores imposibles de rebatir, en términos de racionalidad nos da la imagen de alguien cuya falta de escrúpulos corre pareja con su falta de sentido común. ¿Puede alguien presentarse en público cuando todos los que han tratado con él dicen que los ha engañado y que no ha cumplido lo prometido? En cualquier caso, es obligado pensar que ese comportamiento ha dañado gravemente su honorabilidad no sólo como individuo sino también como jefe de Gobierno. Ésa sería una razón de más para obligarle a abandonar el cargo, aunque la principal razón seguirá siendo, en opinión de Pájaro bobo, haber prometido a los etarras vascos y a los separatistas catalanes cosas que no debía prometer sencillamente porque sobrepasaban el ámbito de sus competencias. Ahí, Zapatero ha incurrido en continuos fraudes y delitos legales, por los que a mi modo de ver debería ser destituido y procesado. Las negociaciones políticas del jefe de Gobierno con representantes/integrantes de una banda terrorista con más de mil muertes en su haber constituyen un delito y un atentado contra la democracia, como lo es pactar bilateralmente con grupos separatistas erigidos en falsos partidos políticos democráticos la enajenación de una parte del territorio español, incluidos los derechos de sus ciudadanos. Esos partidos son ilegítimos y deberían ser ilegales, pues se han organizado tras eliminar como votantes a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. ¿Acaso puede hablarse de democracia cuando el cincuenta y dos por ciento de la población no vota y justamente ese cincuenta y dos por ciento se opone al Estatuto que se le pretende imponer? Si en Vascongadas se ha implantado una dictadura del terror que condena a más de la mitad de la población a sobrevivir en las condiciones fijadas por los terroristas, en Cataluña nos encontramos con una forma de opresión de acuerdo con la cual menos de la mitad de la población copa todos los resortes de poder, incluidas las instituciones de representación política, y condena a la mitad mayoritaria (en la proporción del 52 al 48 por ciento) a vivir en las condiciones fijadas por ella. En opinión de Pájaro bobo, pretender legitimar y legalizar un orden político-social ilegítimo ab origine por fraude manifiesto es delictivo. En consecuencia, todas las elecciones celebradas en Cataluña y Vascongadas son ilegítimas y deberían ser ilegales porque se han celebrado en condiciones que no pueden definirse como democráticas en cuanto que no garantizaban los derechos de todos los ciudadanos en un plano de igualdad.
Tres preguntas ingenuas e intempestivas
¿Conseguirán los separatistas vascos y catalanes acabar con España como nación y con su democracia utilizando el rodillo de los hechos consumados?
¿Qué pasará si, en uso de sus derechos, los españoles deciden restablecer la soberanía nacional y la democracia en todo el territorio español?
¿Qué pasará si, en dejación de sus derechos y obligaciones, los españoles no deciden restablecer la soberanía nacional y la democracia en todo el territorio español?

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